Por un acuerdo sobre la escuela

No nos podemos permitir la falta de acuerdo en algunas cuestiones básicas  que son fundamento de la convivencia  y del ejercicio de los derechos fundamentales, como es la educación escolar. Estas cuestiones, por su gran importancia, no pueden depender del partido político que esté en cada momento en el gobierno.

Es totalmente necesario crear un clima de acuerdo y de consenso sobre la educación y la escuela. No es bueno para los alumnos y sus familias, para los maestros y profesores, y para el conjunto de nuestra sociedad, que se mantenga la inestabilidad del actual sistema educativo. Lo entendieron sin duda así los miembros de la ponencia constitucional que, después de largas discusiones, alcanzaron un consenso sobre el contenido del artículo 27 de la Constitución española de 1978. No les fue fácil, pero lo consiguieron.

El documento conclusivo del IV Congreso de la Escuela Cristiana hace referencia y glosa este precepto constitucional, poniendo de relieve estos contenidos: el derecho de todos a la educación es proclamado junto al principio de libertad de enseñanza; se atribuye a los poderes públicos la responsabilidad  de garantizar los derechos de los padres en lo referente a la formación religiosa y moral de sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones; se recuerda que el derecho de todos a la educación  y a la libertad de enseñanza comportan la pluralidad de opciones educativas que han de garantizar a los padres su derecho preferente en la educación de sus hijos; y también se asegura la gratuidad de la enseñanza, en su tramo obligatorio, para todas las familias.

En armonía con diversas Declaraciones internacionales, el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa proclama que la Unión Europea respeta la libertad de creación de centros docentes, así como el derecho de los padres a obtener la educación y la enseñanza de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

Es imprescindible la necesaria colaboración entre la administración educativa y la iniciativa social. No puede ser de otra manera en nuestra sociedad democrática, partiendo de un principio que nadie puede discutir: los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, y la administración educativa ha de hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar y apoyar a las familias en el ámbito de la educación.

La financiación de las enseñanzas impartidas por las escuelas de iniciativa social o concertadas no puede condicionar el carácter propio de su oferta educativa, que tiene razón de ser como garantía del derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que desean para sus hijos y que las administraciones educativas han de proteger, en armonía con lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arzobispo em. de Barcelona