Laicidad no es lo mismo que laicismo

 El hecho religioso está presente en la sociedad y el Estado no puede ignorarlo. En el Congreso de Pastoral de las Grandes Ciudades celebrado en Barcelona en 2014, Manuel Castells afirmó que la población mundial, el año 1980 se pronunciaba religiosa en un 83%, mientras que en 2010 lo hizo en un 89%.

Pretender que el Estado laico deba actuar como si el hecho religioso no existiese, equivale a situarse al margen de la realidad. El problema fundamental del laicismo, que excluye del ámbito público de la sociedad la presencia religiosa, consiste en que piensa y quiere organizar una sociedad que no existe, que no es la sociedad real. Los ciudadanos creyentes viven su opción religiosa en la sociedad y ello configura una sociedad multireligiosa. El Estado es laico, pero la sociedad es plurirreligiosa.

La mutua independencia y autonomía de la Iglesia y el Estado no exige un Estado laico que pretenda reducir la religión a la esfera individual y privada de los ciudadanos, desposeyéndola de toda presencia y relevancia social. Este Estado no sería un Estado laico, sino un Estado laicista.

El Estado debe promover un clima social sereno y una legislación adecuada que permita a cada persona y a cada religión vivir libremente su fe, expresarla en los ámbitos de la vida pública y disponer de los medios y espacios suficientes para poder aportar a la convivencia social sus valores espirituales, morales y cívicos. La laicidad significa la actuación estatal de reconocimiento, garantía y promoción jurídicos del factor religioso.

El estudio comparado sobre la libertad religiosa y las relaciones entre las religiones y el Estado en las constituciones contemporáneas, pone de relieve la diferencia que se da según la religión sea considerada como un valor en la sociedad o, al contrario, sea considerada como un elemento negativo. En este último caso, la laicidad del Estado se convierte en laicismo.

La Constitución española de 1978 considera la religión como un elemento positivo para el bien común y, por consiguiente, el artículo 16,3 establece que “los poderes públicos tendrán un cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”. Con ello se está indicando que la sociedad no es laica, ya que en ella conviven ciudadanos de diversas creencias religiosas. Y el texto constitucional añade que “se mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación entre la Iglesia católica y las demás confesiones”. Son los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español y las tres leyes acuerdos para los judíos, protestantes y musulmanes, respectivamente. Esta cooperación no es ningún privilegio. Es un instrumento jurídico que armoniza con la libertad religiosa.

 

+ Lluís Martínez Sistach